Un grupo de farmacéuticos del partido de Ramallo presentó un pedido formal ante el Concejo Deliberante para ser eximidos del pago de la tasa de seguridad e higiene, en una iniciativa que ya fue girada a comisiones y que promete abrir un debate profundo sobre las competencias municipales y el encuadre de la actividad.
En el escrito, los profesionales sostienen que las farmacias no pueden ser consideradas un comercio tradicional, sino que cumplen una función sanitaria esencial dentro del sistema de salud. Bajo este argumento, remarcan que su actividad está regulada por normativas provinciales y bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense y el Colegio de Farmacéuticos, lo que —según plantean— limitaría la intervención del municipio en materia de control y fiscalización.
El planteo excede lo estrictamente impositivo. En la presentación, los farmacéuticos desarrollan una extensa fundamentación jurídica en la que afirman que el poder de policía sanitaria corresponde exclusivamente a la Provincia. En ese sentido, citan leyes específicas que regulan la habilitación, funcionamiento e inspección de farmacias, funciones que —según sostienen— son ejercidas por autoridades provinciales o entidades delegadas, como los colegios profesionales.
Asimismo, advierten que el cobro de la tasa implicaría una superposición de funciones y podría configurar una situación de ilegalidad, al avanzar el municipio sobre atribuciones que no le corresponden. En base a este razonamiento, solicitan la sanción de una ordenanza que establezca de manera explícita la exención del tributo para el sector.
El reclamo también pone en discusión el rol de las farmacias dentro del entramado económico local. Según detallan, estos establecimientos están considerados por la legislación como servicios de utilidad pública, lo que los diferencia de otras actividades comerciales y refuerza su carácter sanitario por sobre el económico.
Por el momento, el expediente se encuentra en etapa de análisis legislativo, donde los concejales deberán evaluar no solo la viabilidad jurídica del pedido, sino también su impacto en la recaudación municipal. En un contexto donde las tasas representan una fuente clave de financiamiento, cualquier exención abre interrogantes sobre el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El debate recién comienza, pero ya deja planteada una discusión de fondo: hasta dónde llegan las atribuciones municipales y cómo se encuadran actividades que, como las farmacias, se ubican en la intersección entre lo sanitario y lo comercial.
