El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría el acuerdo con Ternium firmado con la Municipalidad de Ramallo, destinado a regularizar deudas judiciales y extrajudiciales vinculadas a la Tasa de Seguridad e Higiene y a establecer pautas tributarias para los próximos dos años.
La sesión extraordinaria permitió avanzar con un convenio que prevé, durante 24 meses, el pago mensual de una tasa fija de 725 millones de pesos, con una cláusula de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la empresa deberá saldar una deuda correspondiente a 2025, estimada en 2.800 millones de pesos.
La iniciativa fue acompañada por el oficialismo y por los bloques unipersonales Juntos por Ramallo y la Vecinal 24 de Octubre. En contrapartida, el bloque Hechos, presidido por Cecilia Giammaria, presentó un escrito de rechazo y se ausentó al momento de la votación.
Acompañamiento con fundamentos y reparos
Desde los sectores de la oposición que votaron a favor, los ediles dejaron en claro que su respaldo no estuvo exento de observaciones técnicas y políticas.
La concejal Soledad Agotegaray sostuvo que su postura se basó en un análisis “técnico y jurídico”, al considerar que el convenio no presenta impedimentos legales. Remarcó que la regularización de la deuda es clave para fortalecer las finanzas municipales, garantizar el pago a proveedores, cumplir ordenanzas y reforzar el sistema de salud local.
Asimismo, reconoció que, si bien en su momento no acompañó el actual Código Tributario, hoy se trata de una norma vigente que habilita al Ejecutivo a negociar en situaciones de conflicto. En ese marco, citó los artículos que facultan al intendente a acordar con contribuyentes en beneficio de los recursos municipales.
Por su parte, el concejal Germán Iribarría valoró el proceso de diálogo previo y destacó el trabajo técnico realizado junto a funcionarios municipales, entre ellos el contador Matías Bersano. Según expresó, el prolongado conflicto judicial perjudicaba a ambas partes y hacía necesario arribar a un entendimiento.
No obstante, planteó que el mismo criterio de consenso institucional aplicado con la empresa debería extenderse al resto de los sectores productivos y comerciales del distrito. En ese sentido, reclamó la conformación de mesas de diálogo con comerciantes, pymes y el sector agrario, en un contexto que definió como una de las crisis económicas más profundas desde 2001.
Además, Iribarría pidió que en el futuro se revise la tasa del 2% al combustible, al considerar que también debe ser objeto de debate público y construcción colectiva de consensos.
