En un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída de transferencias y presupuestos municipales asfixiados, intendentes de todo el país volvieron a impulsar un reclamo común: reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios en sus compras, con el objetivo de garantizar obras y servicios esenciales y evitar un mayor deterioro de las finanzas locales.
La iniciativa, promovida por la Federación Argentina de Municipios (FAM), fue formalizada esta semana en el Congreso de la Nación y propone bajar la alícuota del IVA del 21% al 10,5%, equiparándola a la tasa reducida que ya rige para determinados bienes de consumo. Para los jefes comunales, no se trata de un beneficio sectorial, sino de una corrección estructural de un esquema impositivo que consideran inequitativo para los gobiernos locales.
Un impuesto que los municipios no pueden recuperar
El núcleo del reclamo radica en una asimetría clave del sistema tributario. A diferencia de las empresas privadas, los municipios no pueden computar el IVA como crédito fiscal, por lo que cada compra de insumos, contratación de servicios u obra pública convierte al impuesto en un costo directo que impacta de lleno en el presupuesto municipal.
Este efecto se agrava en un escenario de inflación persistente, tarifas en alza y mayor demanda social, donde menos recursos disponibles implican menos obras públicas, menor mantenimiento de la infraestructura urbana y menos inversión en salud, educación y seguridad. Además, la presión financiera suele derivar en aumentos de tasas municipales, que terminan trasladándose a los vecinos.
La FAM y la ofensiva política en el Congreso
El planteo fue presentado ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde intendentes nucleados en la FAM entregaron un documento conjunto para que la reducción del IVA municipal sea incorporada en la próxima reforma tributaria que analiza el Gobierno nacional.
De la audiencia participaron referentes de distintos puntos del país, encabezados por Fernando Espinoza, presidente de la FAM e intendente de La Matanza, junto a dirigentes como Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán) y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto. La diversidad política y territorial buscó reforzar la idea de que el reclamo trasciende partidos y regiones.
Municipios en la primera línea del conflicto social
Durante el encuentro, los jefes comunales coincidieron en que los municipios están en la “primera línea” de atención de la crisis social, afrontando crecientes demandas en asistencia social, servicios públicos, alumbrado, recolección de residuos y mantenimiento vial, aun cuando los recursos disponibles se reducen.
A la merma o estancamiento de las transferencias nacionales, se suma un escenario de mayor vulnerabilidad social, que obliga a los gobiernos locales a absorber funciones que antes estaban más repartidas entre Nación y provincias. En ese contexto, el IVA municipal aparece como un factor que profundiza el estrangulamiento financiero.
Autonomía fiscal y reforma tributaria
Más allá de la coyuntura, el reclamo se inscribe en un debate más amplio sobre la autonomía fiscal y la redistribución de recursos en la Argentina. Intendentes y legisladores advierten que una reforma tributaria que no contemple la situación de los municipios puede consolidar un esquema centralista, con comunas cada vez más dependientes y con menor margen de acción.
Desde la FAM sostienen que una reducción del IVA tendría un “efecto cascada”: liberaría fondos para inversión directa en servicios básicos, permitiría moderar o reducir tasas locales y contribuiría a reactivar economías regionales afectadas por la recesión.
Una pulseada abierta con la Nación
El reclamo llega en un momento políticamente sensible, con el Gobierno nacional impulsando cambios estructurales en el sistema impositivo y manteniendo una política de fuerte control del gasto. En ese escenario, la presión de los intendentes abre una nueva pulseada entre Nación y territorios, con el Congreso como ámbito central de discusión.
La discusión recién comienza, pero el mensaje de los municipios es claro: sin un alivio fiscal concreto, sostener los servicios básicos y atender la creciente demanda social será cada vez más difícil. Para los intendentes, la baja del IVA aparece como una condición mínima para evitar que la crisis financiera local se traduzca en una crisis cotidiana para millones de vecinos.
