La denominada tasa de mantenimiento vial aplicada al combustible se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y los municipios. En un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída de la coparticipación y cuentas locales comprometidas, varios distritos avanzaron con la incorporación de un recargo por litro de nafta y gasoil expendido en su jurisdicción.
La respuesta del Ejecutivo nacional no tardó en llegar y derivó en críticas públicas, advertencias legales y presentaciones judiciales, que hoy mantienen el tema en el centro del debate político y económico.
Desde la Nación se cuestiona con dureza la aplicación de esta tasa, al considerar que superpone tributos locales con impuestos nacionales ya existentes, en particular el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Bajo el argumento de que estas prácticas son “ilegales y arbitrarias”, el Gobierno impulsó una estrategia de exposición pública de los municipios que cobran el gravamen y avanzó con medidas administrativas y judiciales para frenar su implementación.
En ese marco, se habilitaron canales de denuncia y se promovieron resoluciones oficiales tendientes a impedir que las tasas municipales se incorporen al precio final del combustible y de otros bienes y servicios.
Las críticas también tuvieron un fuerte componente político. Desde el Ejecutivo nacional se apuntó directamente contra los intendentes, a quienes se acusó de falta de gestión y de trasladar sus problemas financieros a los vecinos, encareciendo el precio del combustible en un contexto inflacionario. El mensaje fue claro: para el Gobierno, la tasa vial atenta contra su política de reducción impositiva y contra el objetivo de desacelerar los precios.
El conflicto escaló al plano judicial cuando se presentaron acciones por presunta inconstitucionalidad del tributo, sosteniendo que los municipios no pueden gravar una actividad ya alcanzada por impuestos nacionales. Si bien hasta el momento no hubo fallos definitivos, las presentaciones sentaron un precedente que puso en alerta a los distritos que aplican o evalúan aplicar la tasa.
En este contexto, Ramallo quedó incluido dentro del grupo de municipios que avanzaron con la creación del gravamen. A través de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, el distrito incorporó una tasa del 2% sobre los combustibles, sumándose así a una lista que no deja de crecer en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue justificada desde el plano local como una herramienta para sostener el mantenimiento vial y afrontar la merma de recursos, pero no quedó al margen de las críticas impulsadas desde la Nación.
La inclusión de Ramallo en el radar nacional expone al distrito a un escenario de posibles cuestionamientos legales, además de un debate político que atraviesa a gran parte de los municipios bonaerenses. Mientras algunos jefes comunales defienden la tasa como una salida ante la asfixia financiera, el Gobierno nacional insiste en que se trata de un avance indebido sobre el bolsillo de los consumidores y una distorsión del sistema tributario.
