La disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) abrió un nuevo frente de tensión política en la Legislatura bonaerense. Senadores de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para exigir precisiones sobre el impacto de la medida, al advertir que ya se registran obras paralizadas, pagos caídos y riesgo de juicios contra la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue impulsada por el senador platense Matías de Urraza y acompañada por el presidente del bloque libertario en la Cámara Alta, Carlos Curestis. El reclamo apunta a esclarecer el estado patrimonial y operativo del Fondo tras su disolución, dispuesta por la Ley 15.557, que aprobó el Presupuesto provincial 2026 y dejó sin efecto el contrato de fideicomiso que regulaba al PROFIDE desde el año 2000.
Según el proyecto, el Ejecutivo deberá informar cuál era la situación del Fondo al 31 de diciembre de 2025, detallando las obras en ejecución, los certificados de obra impagos, la composición de activos y pasivos, los instrumentos financieros vigentes y el destino del personal afectado al Consejo de Administración. También se solicita identificar a las autoridades responsables del proceso de implementación, disolución y liquidación, así como el estado concreto del trámite al 14 de enero de 2026.
En los fundamentos, De Urraza remarca que el PROFIDE funcionó durante más de dos décadas como una herramienta para ejecutar obra pública por fuera del presupuesto provincial, con controles débiles por parte de los organismos encargados de fiscalizar el uso de los recursos públicos. A lo largo de sus 25 años de vigencia, el Fondo fue objeto de múltiples modificaciones normativas, adaptándose a las necesidades de cada gestión.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo está vinculado a las consecuencias inmediatas de la liquidación. Desde el bloque libertario advierten que la cesación de pagos ya generó incumplimientos con empresas privadas, algunas de las cuales iniciaron reclamos judiciales por saldos adeudados, lo que podría derivar en juicios contra la Provincia y comprometer fondos destinados a servicios esenciales.
Además, el legislador alertó sobre el impacto de las actualizaciones automáticas de los certificados impagos. Según la normativa vigente, los atrasos activan ajustes diarios a través del Valor de la Unidad de Vivienda (UV), que pasó de 1.117,6 pesos en noviembre a 1.272 pesos al 12 de enero, lo que incrementa día a día el costo fiscal de la demora.
Desde el Gobierno bonaerense, en tanto, relativizaron las críticas y aseguraron que la eliminación del marco fiduciario no implicará la paralización de obras ni la interrupción de pagos. La postura oficial sostiene que las tareas del PROFIDE fueron absorbidas por el Instituto de la Vivienda y que la medida busca reducir estructuras administrativas costosas, sin afectar los proyectos en marcha.
Para De Urraza, contar con información precisa es “imprescindible” para dimensionar el impacto económico, administrativo y legal de la disolución y evaluar posibles responsabilidades políticas y funcionales. Con ese argumento, pidió el acompañamiento de sus pares para avanzar con el pedido de informes y “resguardar el interés público”, en un nuevo capítulo de la disputa entre la oposición y la gestión de Axel Kicillof.
