La comunidad educativa de la Educación Técnico Profesional llevó el conflicto por el financiamiento escolar al ámbito judicial y encendió una nueva señal de alarma sobre el rumbo del presupuesto educativo 2026. Padres, madres y estudiantes presentaron una acción de amparo con pedido de medida cautelar para frenar el recorte previsto en el Artículo 30 del proyecto de Ley de Presupuesto, al que acusan de provocar un ajuste real del 93% en los fondos destinados a las escuelas técnicas de todo el país.
La presentación recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 11 y cuestiona directamente uno de los artículos centrales del proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno nacional. Según el planteo judicial, la norma elimina los pisos mínimos de financiamiento establecidos por la legislación vigente para la educación técnica, lo que dejaría al sector sin garantías de inversión sostenida.
De acuerdo con los cálculos incorporados en la demanda, el presupuesto previsto para 2026 representaría apenas el 7% de los recursos asignados en 2023, una caída que los denunciantes califican como “drástica y sin precedentes”.
El amparo sostiene que una ley anual como el Presupuesto no puede modificar ni vaciar de contenido leyes permanentes que consagran derechos estructurales. En ese sentido, remarcan que el recorte no solo reduce partidas, sino que altera el espíritu del sistema de financiamiento diseñado para garantizar igualdad de oportunidades y continuidad pedagógica.
Otro de los ejes del reclamo se apoya en el principio de no regresividad de los derechos sociales, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Desde esa perspectiva, eliminar los pisos de inversión implica un retroceso explícito en un derecho ya reconocido, lo que podría derivar en un proceso de exclusión educativa, transformando la educación técnica en un servicio selectivo según el nivel de ingresos.
Los impulsores del amparo advierten que el daño que podría generar el recorte es irreversible: talleres sin insumos, prácticas profesionales suspendidas y desplazamiento de docentes especializados serían consecuencias inmediatas del ajuste.
Especialistas del sector alertan que la medida no debe leerse solo como un recorte fiscal, sino como un cambio de paradigma en la política educativa y productiva, que pone en riesgo la formación de técnicos necesarios para la industria, la innovación y el desarrollo nacional.
