El Concejo Deliberante de Ramallo sancionó por mayoría una ordenanza que autoriza la venta directa de una parcela municipal de casi tres hectáreas, ubicada en el acceso a Villa General Savio, dentro del área del parque industrial Comirsa, valuada en más de 2,5 millones de dólares.
La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, que advirtió la falta de documentación técnica, jurídica y administrativa que respalde la modalidad de venta directa adoptada por el Departamento Ejecutivo.
El predio había pasado recientemente del dominio provincial al municipal mediante una ordenanza que fue acompañada por distintos bloques, con la expectativa de que se convirtiera en una herramienta para promover inversiones y generar recursos para el distrito. Sin embargo, el nuevo proyecto estableció una operatoria de venta directa sin licitación pública, sin precisar quién será el comprador, con qué proyecto ni bajo qué condiciones se concretará la transacción.
En el expediente elevado al Concejo solo se incorporó el precio de referencia y una descripción básica del terreno. No se incluyeron estudios de impacto, dictámenes técnicos, informes de factibilidad ni fundamentos legales que justifiquen la aplicación de la excepción prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que habilita este tipo de operaciones únicamente en casos debidamente acreditados.
Desde la oposición se remarcó que la ordenanza no fija parámetros mínimos para la selección del eventual adquirente, ni establece que la operación deba volver al ámbito legislativo una vez concretada, lo que elimina instancias de control posterior y concentra la totalidad de las decisiones en el Ejecutivo municipal. Además, advirtieron que la carencia de respaldo documental podría exponer al Municipio a eventuales impugnaciones judiciales.
El tratamiento del proyecto se realizó con una celeridad inusual: ingresó al Concejo a mediados de diciembre y fue aprobado en menos de dos semanas, sin que se respondieran los pedidos de informes formulados en comisión. Como argumento informal se mencionó la situación financiera del Municipio, lo que fue interpretado por la oposición como una señal de urgencia recaudatoria.
En contraste, en un predio lindero se avanzó mediante un proceso de licitación pública para la instalación de un sistema de control de tránsito pesado, procedimiento que contó con el acompañamiento de todos los bloques, profundizando así los cuestionamientos al oficialismo.
