La morosidad en los créditos de los hogares volvió a encender señales de alerta en el sistema financiero argentino. En octubre, el incumplimiento en el pago de las deudas familiares alcanzó el 7,8%, marcando el nivel más alto desde 2010, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata del duodécimo mes consecutivo de aumento, reflejo de las crecientes dificultades de las familias para sostener sus compromisos financieros en un contexto de ingresos reales deteriorados.
De acuerdo al último Informe sobre Bancos difundido por el BCRA, el ratio de irregularidad en los créditos familiares mostró un incremento de 5,5 puntos porcentuales interanual, consolidando una tendencia de deterioro sostenido en la capacidad de pago de los hogares. El dato resulta especialmente significativo por tratarse del valor más elevado desde que la autoridad monetaria comenzó a relevar este indicador de manera sistemática.
El aumento de la mora se explica, en gran parte, por el uso creciente del crédito para afrontar gastos corrientes, sin una mejora equivalente en los ingresos. En ese marco, los préstamos personales concentraron el mayor nivel de incumplimiento, con una tasa de mora del 9,9%, mientras que las tarjetas de crédito registraron un 7%, ambos valores ubicados en máximos desde 2011. Se trata de instrumentos estrechamente ligados al consumo diario y a la cobertura de necesidades básicas, lo que los vuelve particularmente sensibles a la evolución de la actividad económica, la inflación y el costo financiero.
El deterioro del perfil crediticio de las familias se produjo además en un escenario de expansión del crédito al consumo y caída real de los depósitos en pesos, una combinación que incrementa los riesgos sistémicos a mediano plazo. Si bien el sistema financiero argentino mantiene elevados niveles de solvencia y capitalización, el propio informe del BCRA advierte sobre una brecha creciente entre el aumento del financiamiento y la capacidad real de pago de los hogares.
Cabe señalar que los datos corresponden a un período previo a la baja de tasas de interés registrada tras las elecciones legislativas, por lo que el eventual impacto de ese alivio financiero aún no se ve reflejado en las estadísticas oficiales.
