La ONG “Unidos por la Vida y el Medio Ambiente” (UPVA) se expresó ante la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolas de dar de baja la medida cautelar que existía sobre la zona de “El Tonelero”, sobre la costa del río Paraná, que impedía la posibilidad de radicación de empresas sobre el humedal.
La medida regia desde el año 2012, cuando la organización hizo la presentación judicial que derivó a una medida de no innovación, hasta que el partido de Ramallo cuente con la homologación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que se termino de concretar en 2024. A partir de esta situación, la justicia avanzó en el cese de la cautelar.
Desde la ONG ambientalista expresaron: “Fuimos notificados que el Juez provincial Damián Cebey dictó una sentencia dando de baja la cautelar presentada por nuestros representantes legales en virtud del avasallamiento de normas ambientales nacionales, como la Ley de Bosques, o la Ley Nacional de ambiente en varios de sus puntos”.
“La argumentación judicial se basa en la arbitrariedad de argumentar que como el Código proviene de un organismo legítimo (el Concejo Deliberante) y fue homologado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, no había nada que objetar a su contenido y debía tener plena vigencia”, remarcaron.
Y agregaron: “Debemos destacar que nuestra organización nunca objetó la legitimidad de los poderes que lo redactaron, sino el contenido que vertieron sobre él. El Código crea un parque industrial de mil hectáreas sobre la costa norte de Ramallo, incluyendo el sitio histórico del Tonelero, y zonifica como Uso Industrial Exclusivo, áreas protegidas por la mencionada ley de bosques”.
Desde UPVA reclaman la participación ciudadana a la hora de redactar el Código y de la toma de decisiones. Sostienen que “la falta de contemplación de la voz de los ramallenses no fue tenida en cuenta en ningún momento del proceso de formulación del Código, sino de manera informal y sin repercusiones sobre lo que se terminó zonificando. Asimismo, no existen estudios de impacto del exponencial incremento en el tráfico de transporte (camiones) sobre el ya saturado camino de la costa. En los hechos, el Código únicamente atendió las demandas de un puñado de empresarios con alta llegada al poder público y especuladores inmobiliarios, relegando cualquier otro aspecto como desarrollo turístico o urbanización a los intereses de estos”.
Además, puntualizaron que “en lo social y legal la lucha pasa a una nueva etapa y no se detendrá hasta que se cumplan con la protección y las garantías de los sitios de importancia ambiental amparados por la ley”.
