La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzó a analizar un proyecto de ley que podría modificar de manera significativa el funcionamiento del mercado inmobiliario bonaerense. La iniciativa, presentada por legisladores de La Libertad Avanza, propone eliminar la obligación de que las operaciones de compraventa de inmuebles sean gestionadas exclusivamente por martilleros y corredores públicos matriculados.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Juan Osaba y cuenta con el acompañamiento de otros integrantes del bloque libertario. La propuesta plantea una reforma de la Ley Provincial N° 10.973, que regula actualmente el ejercicio profesional de martilleros y corredores públicos en territorio bonaerense.
Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de que personas físicas o jurídicas sin matrícula profesional puedan participar en tareas de intermediación, corretaje y cierre de operaciones inmobiliarias. Según los autores del proyecto, la medida busca eliminar restricciones que consideran incompatibles con los principios de libertad económica y libre competencia.
La iniciativa también propone que las comisiones y honorarios vinculados a las operaciones inmobiliarias puedan ser pactados libremente entre las partes, sin las regulaciones que actualmente establecen parámetros para la actividad. Además, contempla la eliminación de las sanciones previstas para quienes ejerzan estas funciones sin matrícula habilitante.
Desde La Libertad Avanza sostienen que el sistema vigente genera barreras de acceso al mercado y limita la capacidad de elección de los ciudadanos. En ese sentido, argumentan que la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias continuaría garantizada a través de la intervención de abogados y escribanos, quienes participan en las instancias formales de las transacciones.
La propuesta ya comenzó a generar debate dentro del sector inmobiliario. Mientras sus impulsores afirman que una mayor apertura favorecería la competencia, reduciría costos y ampliaría las opciones para compradores y vendedores, desde distintos colegios profesionales podrían plantear objeciones relacionadas con la capacitación técnica, la responsabilidad profesional y la protección de los usuarios frente a posibles irregularidades.
El proyecto deberá recorrer ahora el proceso legislativo correspondiente, incluyendo su análisis en comisiones y el debate parlamentario, antes de una eventual aprobación. En caso de avanzar, la reforma implicaría uno de los cambios más importantes en la regulación de la actividad inmobiliaria bonaerense de los últimos años.
