Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone que los padres, tutores o responsables legales de menores involucrados en falsas amenazas en escuelas deban afrontar los costos generados por los operativos de emergencia.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Andrés De Leo, surge en un contexto de reiterados episodios que generaron preocupación en distintas ciudades, entre ellas San Nicolás de los Arroyos y toda la región.
El proyecto plantea la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos, con el objetivo de que quienes realicen este tipo de acciones —ya sea por bromas, intimidaciones o conflictos— se hagan responsables de los gastos ocasionados.
Según se detalla, cada amenaza activa un importante despliegue de recursos públicos, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia. Estas situaciones generan no solo un alto costo económico, sino también evacuaciones, suspensión de clases y angustia en la comunidad educativa.
La propuesta establece que el monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En casos donde los autores sean menores, la responsabilidad recaerá en sus familias, conforme a la normativa vigente.
Además, se garantiza el debido proceso, con notificación formal, derecho a defensa y un plazo para el pago voluntario. En caso de incumplimiento, el Estado podrá avanzar por la vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.
Otro punto relevante es la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos, que permitirá mejorar la prevención y la toma de decisiones frente a estos hechos reiterados.
Desde el entorno del legislador aclararon que la iniciativa no incorpora nuevas sanciones penales —ya contempladas en el Código Penal argentino— sino que apunta a que el Estado pueda recuperar los recursos públicos utilizados ante falsas alarmas.
En los fundamentos del proyecto, De Leo remarcó que “cada falsa amenaza tiene un costo económico y humano que no puede seguir naturalizándose”, y subrayó la importancia de fomentar un uso responsable de los recursos públicos.
La propuesta también invita a los municipios bonaerenses a adherir a la normativa y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada.
En un escenario donde las amenazas falsas en escuelas se multiplican y generan creciente preocupación, el proyecto abre el debate sobre responsabilidades, sanciones y estrategias de prevención en el ámbito educativo.
