21 julio, 2026 15:10

El CPA de Ramallo advierte sobre posibles retrocesos en la Ley de Salud Mental

El CPA de Ramallo alertó sobre el impacto del proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y advirtió sobre riesgos en derechos, presupuesto y acceso a tratamientos.

El Centro Provincial de Atención de la Salud Mental (CPA) de Ramallo expresó su preocupación ante el proyecto del Gobierno nacional que propone modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, al advertir sobre posibles retrocesos en derechos y en el acceso a la atención.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la iniciativa podría implicar la reducción de partidas presupuestarias destinadas a la salud mental, afectando directamente el funcionamiento de los dispositivos territoriales y comunitarios. Esta situación podría impactar en el acceso a tratamientos para numerosos sectores de la población.

Desde el CPA también alertaron sobre un posible cambio de enfoque en la atención, indicando que el proyecto tendería a una mirada exclusivamente médica de la salud mental, dejando de lado el abordaje integral que contempla factores sociales, culturales y comunitarios. Según sostienen, esto representaría un retroceso respecto de los avances logrados en los últimos años en materia de salud pública e inclusión.

Otro de los puntos críticos señalados es el riesgo de que se habiliten prácticas vinculadas a modelos centrados en la institucionalización, lo que podría derivar en el retorno de dispositivos como los manicomios, ampliamente cuestionados por vulnerar los derechos humanos y por aislar a las personas de su entorno.

Frente a este escenario, el CPA de Ramallo convocó a la comunidad a defender la legislación vigente y exigir su plena implementación, destacando la importancia de sostener un sistema basado en la inclusión, el respeto por los derechos humanos y el acompañamiento comunitario.

La advertencia del organismo local se suma a otras voces en distintos puntos del país que insisten en la necesidad de garantizar políticas públicas de salud mental equitativas, fortaleciendo los dispositivos territoriales y asegurando el acceso universal a la atención.

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