El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación del sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, al advertir que podría poner en riesgo la sanidad ganadera y el esquema que permitió erradicar la enfermedad en la Argentina.
La crítica surge tras la publicación de la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que establece que desde 2027 se incorporarán veterinarios independientes al sistema de vacunación, en paralelo a los entes sanitarios tradicionales. La medida alcanzaría tanto a la vacuna obligatoria contra la fiebre aftosa como a la brucelosis bovina.
Actualmente, la vacunación se realiza a través de un esquema articulado entre productores y entes sanitarios regionales, que organizan campañas, fiscalizan el proceso y garantizan una cobertura territorial uniforme.
Rodríguez remarcó que este modelo fue clave para que el país lograra erradicar la enfermedad tras el brote registrado a comienzos de siglo, y consolidar un sistema confiable. “El sistema actual permitió ampliar la seguridad sanitaria del sector. Hoy no hay problemas sanitarios; los conflictos que existían eran puntuales y económicos, no estructurales”, sostuvo.
El ministro destacó además el rol de las fundaciones y entes sanitarios como una red de organización territorial, integrada por cerca de 300 entidades en todo el país. “Funcionan como un verdadero capital social dentro de la ganadería, articulando productores de distintas escalas y garantizando campañas coordinadas”, explicó.
En ese sentido, advirtió que la desregulación podría romper principios clave del sistema vigente. “Se pierde el criterio de solidaridad y cobertura universal. Los profesionales independientes tenderán a priorizar grandes rodeos, dejando en desventaja a pequeños productores”, señaló.
Otro de los puntos críticos planteados es la posible dificultad en el control y seguimiento sanitario. Según Rodríguez, la incorporación de actores independientes podría generar una dispersión de la información, dificultando conocer qué establecimientos cumplieron con la vacunación.
Asimismo, cuestionó la modificación del esquema de campañas. “Se rompe el criterio de campaña sanitaria con plazos definidos, lo que vuelve más complejo el control. Sin períodos claros, el sistema pierde eficacia”, advirtió.
El funcionario también fue contundente al referirse al impacto potencial de la medida: “Lo que está en juego no es solo quién aplica la vacuna, sino un modelo de articulación público-privada que sostuvo durante décadas la sanidad ganadera argentina”.
Finalmente, alertó sobre los riesgos de retroceder en materia sanitaria, recordando el fuerte impacto del brote de aftosa de 2001, que afectó gravemente al sector y al estatus sanitario del país. “Desarmar un sistema que funcionó durante más de 20 años en nombre de la desregulación implica un riesgo enorme para la ganadería argentina”, concluyó.
