La Cámara de Apelación Penal de San Nicolás confirmó la plena vigencia de la medida cautelar dictada en primera instancia en el marco del proceso penal vinculado al proyecto portuario en Costa Pobre. La causa involucra a titulares de la empresa Oramac y a funcionarios relacionados con la Municipalidad de Ramallo.
El abogado Fabián Maggi explicó que el fallo ratifica una decisión previa, pero con mayor solidez jurídica, aportando claridad en materia ambiental y estableciendo límites al ejercicio del derecho de propiedad frente a posibles riesgos para el entorno.
En ese sentido, sostuvo que la propiedad privada no habilita a realizar cualquier tipo de intervención sin cumplir con la normativa vigente, y recordó que la legislación subordina su ejercicio al cuidado del medio ambiente y a la protección de los recursos naturales.
Maggi fue crítico con los argumentos presentados por la defensa, al calificarlos como débiles e incorrectos. En particular, remarcó que ante el tribunal se negó por escrito la existencia del proyecto portuario, sosteniendo que se trataba solo de rumores, lo que fue considerado inconsistente con la documentación analizada.
Asimismo, explicó que la normativa no prevé una nueva revisión de la cautelar una vez confirmada por la Cámara, por lo que consideró que no existirían más instancias judiciales viables para revertir la medida.
El abogado aclaró que el fallo no se opone al desarrollo de Ramallo, sino que exige el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la declaración de impacto ambiental, autorizaciones hídricas, permisos provinciales y nacionales, y la habilitación municipal del uso del suelo.
De acuerdo a lo informado en el expediente, ninguno de estos trámites habría sido iniciado formalmente. Incluso, según una respuesta oficial del municipio al juez de la causa, no existían gestiones administrativas vinculadas al emprendimiento.
Maggi también rechazó que la oposición al proyecto implique un rechazo al progreso local y afirmó que vecinos y organizaciones solo reclaman el respeto a la ley. Además, defendió la situación de los habitantes de la zona, señalando que mantienen una ocupación pacífica desde hace décadas.
Finalmente, recordó que la normativa sobre bosques nativos establece la preservación permanente de estas áreas, lo que implica una responsabilidad ambiental intergeneracional que se proyecta hacia las futuras generaciones.
