El intendente Mauro Poletti brindó detalles sobre la concesión del sistema de control y cobro del tránsito pesado en el partido de Ramallo y respondió a las críticas formuladas por sectores de la oposición, entre ellos la concejal Cecilia Giammaria.
Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal confirmó que en las próximas horas se notificará a la empresa adjudicataria para que comiencen a correr los plazos de ejecución del proyecto. Según explicó, se trata de una inversión estimada en siete mil millones de pesos, destinada a modernizar el sistema de control y mejorar la infraestructura vial.
Poletti remarcó que el pliego de la concesión fue elaborado por el Departamento Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante de Ramallo el 29 de diciembre de 2025. En ese sentido, sostuvo que los concejales que hoy cuestionan el contenido del contrato tuvieron la oportunidad de proponer modificaciones.
“Ese mismo pliego que hoy critican fue votado por ellos. Podrían haberlo cambiado cuando se trató”, afirmó el intendente, al tiempo que aclaró que, si bien la normativa habilitaba la adjudicación directa ante una oferta única, se optó por volver a elevar el tema al Concejo para mayor transparencia.
Respecto al destino de la tasa, Poletti recordó que no se trata de un tributo nuevo, sino de uno creado en 2004, conocido históricamente como la “tasa de Bunge”, en referencia a la empresa Bunge. “Tiene más de veinte años y su destino siempre fue el mantenimiento vial”, señaló.
En ese marco, explicó que lo que se modificó es la forma de cobro, ya que ahora todos los camiones que ingresen por Villa General Savio deberán abonar la tasa, incluyendo los que se dirigen a firmas como Techint y Loma Negra, entre otras.
El nuevo sistema funcionará bajo la modalidad “free flow”, mediante arcos con lectores de tag y cámaras de patentes, que permitirán registrar el paso de cada camión sin detenerlo. La empresa concesionaria recaudará la tasa y luego transferirá los fondos al Municipio.
Según indicó Poletti, el 50% de lo recaudado quedará para el Municipio, mientras que el resto se destinará a cubrir la inversión privada. Además, destacó que los recursos ingresarán primero a las arcas municipales, lo que permitirá un mayor control.
El intendente también detalló que la concesión tendrá una duración de 20 años y contará con mecanismos de fiscalización permanente. En caso de incumplimientos, se prevén sanciones y, eventualmente, la rescisión del contrato.
Entre las obligaciones de la empresa, mencionó el mantenimiento de banquinas, señalización, iluminación, áreas de descanso, servicios gastronómicos y sistemas de pesaje. En este último punto, aclaró que intervendrán empleados municipales y fuerzas de seguridad, ya que el poder de policía no puede ser delegado.
En cuanto a los plazos, estimó que la obra demandará alrededor de 120 días. Finalmente, justificó la concesión al señalar que el Municipio no cuenta con los recursos necesarios para afrontar una inversión de esa magnitud en el contexto económico actual.
“Recién estamos iniciando un proceso de saneamiento financiero. No tenemos siete mil millones de pesos disponibles, pero sí la decisión de avanzar en soluciones estructurales”, concluyó el intendente.
