Mientras el debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, un reciente informe del Observatorio de Tierras aportó datos precisos sobre la situación en el Partido de Ramallo.
Según el relevamiento, el distrito cuenta con una superficie total de 90.617,30 hectáreas productivas, de las cuales 6.881,03 hectáreas están en manos de propietarios extranjeros, lo que representa un 8% del total del territorio rural del partido. Si bien este porcentaje se encuentra por debajo del límite legal del 15% establecido por la Ley de Tierras, cobra especial relevancia por tratarse de una zona estratégica desde el punto de vista productivo, logístico y ambiental.
A nivel nacional, el informe señala que aproximadamente el 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— pertenece a capitales extranjeros. Sin embargo, este promedio oculta situaciones críticas cuando se analiza la información por departamento: 36 distritos superan el tope legal, y existen al menos cuatro casos donde la extranjerización supera el 50%. Entre ellos se encuentran Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta).
Asimismo, localidades como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) superan el 30% de tierras extranjerizadas, muchas de ellas ubicadas sobre el corredor fluvial del río Paraná, principal vía navegable y logística del país.
En el caso de Ramallo, si bien el porcentaje se mantiene dentro de los márgenes permitidos, su ubicación estratégica sobre el corredor productivo y portuario del Paraná lo convierte en un punto de especial atención. El informe identifica un patrón común en los distritos con mayores niveles de extranjerización: la concentración de recursos estratégicos como agua dulce, minerales, suelos fértiles y ventajas logísticas asociadas a puertos y vías de transporte.
El relevamiento fue elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, a partir de un mapa interactivo georreferenciado que permite visualizar el nivel de extranjerización por departamento. El estudio estuvo a cargo de la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias.
El informe se conoce en un contexto de debate nacional por la posible modificación de la Ley de Tierras, en medio de crecientes tensiones ambientales y territoriales en distintas regiones del país. En este marco, los datos vuelven a poner en foco la distribución de la tierra, el control de los recursos estratégicos y el rol del Estado en la regulación del suelo rural. En Ramallo, aunque los valores se mantienen dentro de los límites legales, la información se convierte en un indicador clave para la planificación territorial y el uso futuro del suelo.
