La organización ambiental Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) presentó una denuncia penal por el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo”, señalando de manera directa la responsabilidad del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista. A partir de esta presentación judicial, el Poder Judicial dictó una medida cautelar de “no innovar”, que ordena la suspensión inmediata de todas las obras, desmontes y movimientos de suelo en la zona de Costa Pobre.
El abogado de la ONG, doctor Fabián Maggi, explicó que la cautelar se enmarca en una investigación penal impulsada por el Ministerio Público Fiscal, ante la posible comisión de diversos delitos. En ese sentido, remarcó que la causa no se centra en la discusión por la propiedad de las tierras, sino en hechos que podrían constituir ilícitos penales, como el uso ilegítimo de la fuerza, el incumplimiento de la normativa ambiental vigente y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.
La resolución judicial establece la paralización total de las actividades hasta tanto se obtengan las autorizaciones legales correspondientes, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental, exigida por la Ley Provincial N° 11.723, y el cumplimiento de la normativa sobre Bosques Nativos. Maggi subrayó que este procedimiento incluye de forma obligatoria la convocatoria a una Audiencia Pública, instancia de participación ciudadana que nunca fue realizada en Ramallo, vulnerando el derecho de la comunidad a informarse y expresar su opinión sobre proyectos que afectan el ambiente.
Desde UPVA advirtieron que la ausencia de estudios ambientales aprobados y de mecanismos de participación constituye una grave irregularidad administrativa y legal, que compromete directamente al Estado municipal. “Los emprendimientos privados pueden proyectarse, pero es el Municipio, encabezado por el intendente, quien debe garantizar el cumplimiento de la ley, algo que aquí no ocurrió”, sostuvo Maggi. Además, señaló que la investigación penal alcanza a funcionarios y concejales oficialistas por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y posibles falsedades en documentación pública.
Entre los hechos que motivaron la cautelar se menciona la destrucción del camino histórico de acceso al barrio Costa Pobre y la interrupción de la continuidad de la calle Traverso. Según la ONG, se trató de una acción ilegal de autotutela, que dejó a vecinos aislados, afectó especialmente a personas mayores y puso en riesgo el ingreso de ambulancias y servicios de emergencia.
Finalmente, UPVA exigió que el intendente y los concejales del oficialismo brinden explicaciones públicas y adopten medidas urgentes para restituir los accesos dañados y proteger los derechos de la comunidad. “No existe desarrollo posible sin legalidad ni participación ciudadana, y mucho menos a costa de humedales, bosques nativos y comunidades enteras”, concluyó Maggi.
