El bloque Hechos fue uno de los más firmes en su postura crítica durante el debate por el nuevo Código Tributario aprobado por el Concejo Deliberante de Ramallo. Sus concejales, Cecilia Giammaria y Luis Algasibiur, sostuvieron que la ordenanza fue tratada “sin el tiempo, la responsabilidad ni la transparencia necesarias”, y advirtieron que el aumento previsto, junto con los mecanismos de actualización incorporados, conforman “una carga excesiva e injustificada” para vecinos, comercios y pymes del distrito.
Giammaria aclaró que el espacio no se opone a la existencia de un Código Tributario, sino a la forma en que fue tramitado. Subrayó que una norma de este alcance redefine hechos imponibles, bases de cálculo, procedimientos y facultades del Ejecutivo, generando un impacto directo en la economía local. En ese sentido, afirmó que el tratamiento debía haber sido profundo, participativo y multisectorial, con el aporte de profesionales, cámaras empresarias, instituciones y contribuyentes.
La concejal recordó que el proyecto ingresó como un anexo del presupuesto 2026 y fue llevado a votación en apenas 16 días, luego de permanecer sin análisis durante semanas. También cuestionó lo que consideró aumentos “desmedidos”: una suba general del 50% y nuevas tasas, entre ellas un 2% sobre la venta de combustibles, en un contexto donde la inflación proyectada ronda el 20%. Giammaria denunció un patrón reiterado, ya que en 2025 se aprobó un incremento del 70% con una inflación del 30%, y en 2024 una suba del 150% frente a un IPC del 117%. “Los contribuyentes que cumplen son siempre quienes terminan absorbiendo la diferencia”, enfatizó.
En sintonía, el edil Luis Algasibiur puso el foco en el impacto real del nuevo esquema impositivo. Señaló que la suba del 50% para 2026 se suma a recomposiciones que, según sus cálculos, ya ubican al municipio más de un 70% por encima de la inflación acumulada de los últimos años. Además, advirtió que el nuevo código incorpora coeficientes de actualización automática para alumbrado, red vial, construcción, cementerio y seguridad e higiene, basados en los valores de luz, gasoil, cajas profesionales y salarios, lo que podría aplicar incrementos adicionales durante el año.
Para Algasibiur, este esquema “asfixia a quienes cumplen”, erosiona la cobrabilidad, desincentiva la actividad económica y termina trasladando mayores costos a consumidores y trabajadores. Ambos ediles reclamaron que el proyecto vuelva a comisión y se elabore un sendero de actualización razonable, previsible y proporcional. “Nuestra responsabilidad es defender al vecino, no cubrir las urgencias financieras del Ejecutivo”, concluyeron desde Hechos.
