En el marco del Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado, desarrollado durante los últimos seis meses, se recuperaron más de 82 mil ampollas de fentanilo adulterado en operativos simultáneos realizados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, tras las denuncias por la grave tragedia sanitaria que provocó al menos 173 muertes vinculadas al opioide.
La investigación judicial comenzó hace medio año luego de que la ANMAT denunciara irregularidades ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA. Las primeras alertas surgieron por posibles decesos relacionados con el uso de fentanilo contaminado, lo que derivó en una causa que tomó dimensiones nacionales.
De acuerdo con las actuaciones ordenadas por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, se constató que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro —hoy detenido y procesado—, fueron los responsables de distribuir el fentanilo adulterado con bacterias. La investigación también identificó que 187 droguerías, sanatorios y clínicas estuvieron vinculadas a la cadena de distribución, y que 40 establecimientos recibieron productos pertenecientes a los lotes contaminados.
Tras los operativos y el secuestro de las 82 mil ampollas, el material quedó bajo resguardo de la ANMAT y a disposición del magistrado.
El rol de la ANMAT y las irregularidades previas
Si bien la Administración Nacional de Medicamentos fue la encargada de radicar la denuncia, el organismo ya había detectado irregularidades en el laboratorio Ramallo S.A. durante una inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, apenas seis días antes de la producción del fentanilo adulterado.
El informe presentado en febrero advirtió la existencia de deficiencias críticas en el sistema de calidad farmacéutica, producción, documentación, depósitos, recursos humanos y control de calidad. La ANMAT prohibió la continuidad de la actividad productiva hasta corregir las falencias y presentar una Carta de Cierre con acciones correctivas en un plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, esto nunca ocurrió, y pese a las advertencias, el laboratorio siguió operando y produjo las ampollas contaminadas.
La falta de clausura inmediata de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. generó fuertes cuestionamientos hacia la ANMAT. De acuerdo con fuentes de la investigación, una intervención más severa podría haber evitado una de las peores tragedias sanitarias del país en los últimos años.
