22 julio, 2024 08:03
CON VOZ PROPIA 2024

Ni Una Menos solicita un informe de las obligaciones legales del Estado para prevenir la violencia de género

La acción judicial colectiva contra el Gobierno le solicita que informe cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres.

Tras el desmantelamiento y los despidos masivos en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, el colectivo Ni una menos presentó una acción judicial colectiva contra el Gobierno y en particular, contra el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cuneo Libarona “para que informe cómo se cumplirán las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres”, señalaron.

A más de diez años de la implementación del la Línea 144, enmarcada en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, en los últimos días se conoció que al menos un 80% de las trabajadoras fueron despedidas.

“El desguace del área tiene fuerte impacto en el funcionamiento de la Línea 144, de asistencia telefónica gratuita, creada hace una década y que recibe un promedio de 340 llamadas diarias”, compartieron a través de las redes desde Ni una menos.

De qué se trata la demanda presentada al Estado

La demanda colectiva presentada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), es la primera de esta naturaleza en la era de Milei.

Esta acción le solicita al Gobierno que informe cómo se cumplirán las obligaciones del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres.

Hace tan sólo días, el Ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona anunciaba en sus redes el despido del 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer de este modo: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”.

Según explicó la abogada Soledad Deza a Página 12“Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional certezas”. En este sentido, la demanda apunta a exigir “claridad sobre cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”.

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