Através de un comunicado oficial, los alcaldes de la coalición opositora aseguraron que “la gran mayoría” de los municipios no pueden cumplir con esta medida “sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros”. Según describieron, las arcas locales están en una “situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos”.
La fuerza que gobierna 59 de los 135 distritos bonaerenses también consideró que la suma fija “agrava aún más este prolongado y creciente proceso inflacionario”. A pesar de esta crítica solicitaron un fondo extraordinario que les permita afrontar ese pago en septiembre y octubre.
Asimismo sostienen que: “La actual coyuntura caracterizada por un incremento constante de las demandas que deben atender nuestros municipios, el incesante incremento en el costo de los bienes y servicios neesarios, tanto para garantizar la prestación de servicios esenciales, como para dar continuidad a distintos programas de obras, que en muchos casos no contemplan redeterminación de precios en los recursos acordados, nos encuentra en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada”.
“Solicitamos se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento en un momento donde es esencial que los mismos puedan mantener su capacidad de respuesta”, dice el texto compartido por algunos alcaldes de Juntos por el Cambio.
El bono en Ramallo
En tanto, en el plano local aún no se han pronunciado en torno al pago del bono de $60.000 pero por lo bajo afirman que es la situación económica es compleja de abordar. “Nosotros acá si pagamos el bono tenemos que dejar sin pagar la mitad de los sueldos. Si nos mandan la plata lo pagamos”, afirman desde el Ejecutivo.
Según las cuentas, el bono significaría unos $60.000.000 extras, a los 300 millones de pesos que representa el pago de sueldo mensualmente entre la Administración Central y el Hospital José María Gomendio.
Por su parte, desde ATE Ramallo presentó una solicitud ante el poder Ejecutivo local, que tiene como objetivo que el municipio se adhiera al decreto promulgado por el Gobierno Nacional, mientras continúan abiertas las negociaciones paritarias para el último tramo del año.
